El PSOE pide al Gobierno un nuevo Plan del Carbón que «garantice las explotaciones y los puestos de trabajo»
MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) –

El PSOE reclama al Gobierno que presente y apruebe un nuevo Plan del Carbón que «garantice las explotaciones mineras y los puestos de trabajo», tras reunirse con representantes de los sindicatos mineros FITAG-UGT y la federación de Industria de CC.OO. para abordar la situación del sector.

En una nota de prensa, los socialistas han informado de dicho encuentro, al que asistieron la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, junto con los diputados Antonio Trevín (Asturias), Vicente Guillén (Teruel), Antonio Hurtado (Córdoba) y Helena Castellano (León), provincias todas ellas con una fuerte presencia del sector.

Rodríguez ha explicado que hace falta un «nuevo Plan del Carbón para los próximos años», para lo cual es necesario que el Ministerio de Industria no haga «promesas generalizadas de proyectos futuros de inversión y de reindustrialización» cuando «la única salida» en la actual coyuntura es que «el Gobierno presente en la mesa de negociación un plan que garantice la viabilidad de las explotaciones y de los puestos de trabajo en estos momentos».

«Pese a que el Ministerio de Industria ha abierto una cierta interlocución y un cierto diálogo, seguimos muy lejos de la fluidez necesaria y de la comunicación y de la rapidez de presentación de este Plan del Carbón», ha añadido la diputada, subrayando su «gran preocupación» con este problema que, «lejos de mejorar, está empeorando».

INCUMPLIMIENTOS REITERADOS
Además, la portavoz parlamentaria ha acusado al Ejecutivo de tener «una voluntad muy clara de incumplir los compromisos» recogidos en el Plan del Carbón desde el primer día de legislatura, lo que «ha llevado a un sector muy importante al cierre».

«No valen aquí herencias recibidas. La herencia recibida es un Gobierno socialista que se fue a trabajar a Bruselas para cambiar y revertir un cierre del año 2014 al año 2018, frente a un Gobierno del PP que sólo está trabajando por hacer que este cierre a 2018 se produjera en el 2014», ha reprochado, reiterando el «compromiso» de su grupo con las comarcas mineras y los trabajadores del carbón.

AMIGOS Y AMIGAS me despido de este blog. He abierto otro en mi nueva web    antoniohurtado.es

PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE DE PREFERENTES EN ENTIDADES DE CRÉDITO NACIONALIZADAS.

1. ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS

• Ante el problema de la mala comercialización minorista de instrumentos híbridos en las entidades Catalunya Banc y NovaGalicia Banco, a lo largo del segundo semestre de 2012 se pusieron en marcha sendos procedimientos de arbitraje público para ofrecer una solución más ágil y menos onerosa que la jurisdiccional a los afectados por una comercialización incorrecta de estos productos.

• Los procesos estuvieron a cargo de las respectivas consejerías autonómicas con competencias en consumo, y fueron impulsados por las entidades, que contaron con el asesoramiento de expertos independientes para el filtrado de las solicitudes, basado en criterios objetivos.

• Los criterios utilizados han sido los siguientes:

o Criterios objetivos: falta de documentación relevante o irregularidades en la misma (falta de firma, firma de un menor o de una persona con minusvalía psíquica sin firma de sus tutores legales, etc.).

o Criterios de perfil inversor: se analiza al titular y a los cotitulares del producto, utilizando criterios como por ejemplo la conclusión del Test de Conveniencia Mifid, la edad, la renta y su origen, la profesión, otros productos financieros contratados, la proporción de importe reclamado sobre el total de capital personal, conducta histórica del cliente.

• La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea (DG Comp.) fue informada con carácter informal, otorgando una autorización tácita o informal y con sujeción a unos límites del nominal de las emisiones de preferentes y subordinadas perpetuas en circulación.

• Para prevenir la repetición de situaciones similares en el futuro, la Ley 9/2012 introdujo restricciones a la comercialización de estos productos A partir de ese momento se exige un tramo para inversores profesionales mínimo del 50% y una inversión mínima de 100.000 euros en el caso de las sociedades no cotizadas y de 25.000 euros en el de las cotizadas. Se refuerzan los poderes al respecto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y se pedirá a los clientes minoristas no idóneos que escriban de su puño y letra que han sido advertidos de que el producto no les resulta conveniente.

• Las entidades nacionalizadas, una vez sometidas sus controversias a arbitraje, y establecida en él la deficiente comercialización, en función de los criterios anteriormente indicados, ofrecerán unas condiciones que, con la debida flexibilidad y especificidad en cada una de ellas, sin perjuicio de la normativa europea en materia de ayudas de estado, respeten el valor nominal de la inversión efectuada teniendo en cuenta la rentabilidad que los titulares de preferentes y subordinadas perpetuas hubieran recibido con un depósito ordinario en relación con la remuneración recibida por los valores por ellos suscritos
 
2. PROPUESTA: CREACIÓN DE UN MECANISMO DE ARBITRAJE SIMILAR PARA EL RESTO DE ENTIDADES NACIONALIZADAS O EN VÍAS DE SERLO.

• En línea con lo anunciado en el Parlamento en la comparecencia de 18.12.12, se está trabajando para poner en marcha un procedimiento similar para el caso de Bankia. Eventualmente, podría aplicarse algo similar para otras entidades que se prevé sean nacionalizadas o hayan recibido apoyo público, si se identificasen problemas de comercialización similares.
• En todo caso se procurará que aquellos titulares minoristas que opten por el arbitraje puedan, como regla general, elegir sede de arbitraje próxima a su domicilio, sin perjuicio de que determinadas inversiones de elevada cuantía puedan someterse a reglas específicas de competencia.

3. ACUERDO DE CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

• Dada la necesidad de llevar a cabo un seguimiento de los resultados de estos procesos de arbitraje y de articular eventualmente medidas adicionales de protección de los ahorradores, se acuerda crear una comisión de seguimiento (CSA) de los procedimientos de arbitraje de instrumentos híbridos de capital comercializados a particulares por entidades que han recibido apoyo público.

• Los objetivos de esta Comisión serán los siguientes:

o Seguimiento de los procedimientos de arbitraje, en particular mediante la fijación y supervisión de los criterios de carácter objetivo y de perfil del inversor utilizados en el proceso de filtro de solicitudes.
o Elaboración de informe de estado de situación al mes de constituirse, que se deberá elevar al Parlamento.
o Informe mensual estadístico detallado de la evolución de los arbitrajes y de las características de los afectados por los mismos.
o Elevar propuestas al Gobierno que mejoren la transparencia de la comercialización de los productos financieros y de protección de los pequeños ahorradores.

• La composición de la Comisión incluiría instituciones con competencias en la comercialización de instrumentos híbridos de capital, en cuestiones financieras, en los procedimientos de arbitraje, y en control de los recursos públicos. Se propone la siguiente composición:

o Presidencia: Presidenta de la CNMV (Responsable de la supervisión de la comercialización de estos instrumentos)
o Vicepresidencia: BdE (Que también ejerció cierta actividad supervisora en la comercialización de estos productos por consideraciones de riesgo reputacional de las entidades)
o SG de Sanidad y Consumo – Instituto Nacional de Consumo
o SG del Tesoro y Política Financiera
o Consejerías Autonómicas con competencias en consumo que han participado en los procesos de arbitraje
o Consejo de Consumidores y Usuarios

Hurtado (PSOE) pregunta al Gobierno si la Iglesia debe pagar IBI por la Mezquita, que explota turísticamente
El diputado por Córdoba espera que la Iglesia sea «solidaria» y pague impuestos y que el Ayuntamiento no la exima de hacerlo
CÓRDOBA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) –

El diputado nacional del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado ha presentado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que le aclare si la Iglesia Católica, como propietaria de la antigua mezquita de Córdoba y con la nueva regulación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) aprobada por el Gobierno de la Nación, debe pagar dicho impuesto, teniendo en cuenta que «la Iglesia obtiene ingresos de la actividad económica que desarrolla ligada al turismo» en la citada antigua mezquita.

En declaraciones a Europa Press, Hurtado entiende que la Iglesia Católica, «si efectivamente tuviera que pagar el IBI por la antigua mezquita, no debe considerarlo un agravio, pues está obteniendo unos ingresos, cuya cuantificación desconocemos, por la visita nocturna a la Mezquita-Catedral de Córdoba, gracias a que ofrece un espectáculo de luz y sonido que han pagado las administraciones públicas y también logra unos ingresos no determinados por la visita turística diurna, cuya rehabilitación se ha pagado casi siempre por las administraciones públicas».

En consecuencia, para el diputado socialista, «de alguna forma eso debe revertir en toda la sociedad, en base al principio de solidaridad y en relación con el sostenimiento de los servicios públicos, los cuales se financian mediante los impuestos», los cuales, según ha reconocido Hurtado, «no tiene que pagar la Iglesia por la Catedral, dado su uso religioso, pero es que hay otra parte, que es la antigua mezquita (en la que se inscribe la Catedral), que es la que tiene afectada una explotación económica, de modo que lo normal es que, de los ingresos que percibe la Iglesia por ello, pues contribuya al sostenimiento de los servicios públicos».

Así, pagando los impuestos que le correspondan, según Hurtado, «sería la forma más justa y real en la que la Iglesia podría ser solidaria» con el resto de la sociedad, razón por la que, según argumenta Hurtado, «sería excesivo que el Ayuntamiento de Córdoba», en aplicación también de la nueva regulación del IBI, le pueda aplicar a la Iglesia «una bonificación de hasta el 95%, algo no entendible, pues, si la Iglesia tiene que pagar, ¿por qué ha de poder lograr una bonificación tan elevada?».

En consecuencia, que la Iglesia pague el IBI por la Mezquita dependerá de la decisión que adopte el Ayuntamiento de la capital cordobesa, pues, en opinión del diputado socialista, lo que está claro es que la Iglesia debe pagar el IBI, dado que en la nueva regulación se indica que «no estarán exentos (del abono del IBI) los bienes inmuebles» históricos y objeto de especial protección urbanística «cuando estén afectos a explotaciones económicas», como es el caso.

Esto lleva a Hurtado a preguntar al ministro de Hacienda y Administraciones públicas si, «¿con la nueva regulación del IBI, la Mezquita-Catedral de Córdoba, propiedad de la Iglesia Católica y donde hay explotación económica ligada al turismo de Córdoba, mediante visitas, deberá pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles?».

SOBRE EL AYUNTAMIENTO
Junto a ello, también le pregunta el diputado socialista a Montoro si «¿el Ayuntamiento de Córdoba está obligado a cobrar esta cuota tributaria al propietario de la Mezquita-Catedral?» y si «¿podría bonificar hasta en un 95% de su cuota a su propietario?».

Además y respecto al Consistorio, Hurtado también pregunta si, «¿para cobrar la cuota en 2013 tendría que modificar la Ordenanza Reguladora del IBI, antes del 1 de abril de 2013, o solo para establecer la bonificación correspondiente?», y «¿si no aprobase la Ordenanza antes de esa fecha, el Ayuntamiento no podría cobrar la cuota del IBI?».

En cualquier caso, el diputado socialista también quiere saber «¿cuál es el valor catastral de la Mezquita-Catedral de Córdoba?», «¿qué cuota de IBI tendría que pagar con el tipo de gravamen mínimo establecido en la Ley?» y si «¿Le afecta de alguna manera a esta imposición tributaria el Concordato con la Santa Sede?».

OTROS IMPUESTOS
Por último, la cuestión de la explotación económica de la Mezquita es objeto de otras interrogantes que dirige Hurtado al ministro Cristóbal Montoro, al que le pregunta «¿qué información tiene el Ministerio sobre la explotación económica que se desarrolla en la Mezquita-Catedral de Córdoba?».

En relación directa con ello, el diputado del PSOE por Córdoba también pregunta al Gobierno de la Nación si «¿los rendimientos de esta explotación económica vienen tributando» y, en ese caso, «qué tributos son los que se les aplica?».

El PSOE presenta una PNL en el Congreso para que inste al Gobierno a aprobar el convenio del Miner con Belmez
CÓRDOBA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) –

El Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de Ley (PNL) para que se inste al Gobierno de la Nación «a aprobar, con carácter de urgencia, el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Belmez (Córdoba) y la Junta de Andalucía para la adquisición de terrenos» que albergarán el Parque Técnico-Comercial Agroganadero de dicho municipio, proyecto éste inscrito en el Plan Miner y cuyo desarrollo reclaman al Ejecutivo central los concejales de Belmez con una acampada ante la Subdelegación del Gobierno en Córdoba desde el pasado noviembre.

Según ha explicado a Europa Press el diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado que suscribe la referida PNL, para la adquisición de los referidos terrenos ya «se tramitó un convenio de colaboración específico entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Belmez, por importe de 600.000 euros».

Sin embargo, según se recoge en la exposición de motivos de la PNL, a la que ha accedido Europa Press, «en el año 2010 no se pudo firmar por parte del Ministerio ese convenio, debido a discrepancias en el contenido del texto entre la Junta, el IRMC y la Intervención Delegada». Ya en el año 2011 y una vez salvadas esas discrepancias, «se volvió a tramitar el convenio, que no se firmó a lo largo de dicho año por motivos presupuestarios. No obstante, y por motivos de oportunidad, el municipio adquirió el terreno, entregando a cuenta, al propietario 200.000 euros».

Después, en el año 2012 y con el actual Gobierno del PP, «se tramitó un tercer convenio para el ‘pago’ de la actuación», sin embargo, según se destaca en la PNL del PSOE, «tras la publicación de la orden HAP/2326/2012, de 29 de octubre por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2012 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias, que indicaba que la fiscalización previa de los expedientes de aprobación del gasto a las I.D. tenía fecha límite el 7 de noviembre, al no estar fiscalizado el convenio en esa fecha, hubo que paralizar su tramitación».

Por tanto y según ha destacado Hurtado, «han sido problemas burocráticos los que han impedido que este proyecto, con cargo a los Fondos Miner, se haga realidad en esta municipio de Córdoba», mientras que el Ayuntamiento de Belmez «tiene entregada a cuenta una cantidad económica muy elevada para el montante de su presupuesto, y el Ministerio no da respuesta a un proyecto que se ha dilatado en el tiempo, que contaba con los parabienes de todos y que se considera decisivo para el progreso económico del municipio y para la definición de un modelo económico alternativo a la minería del carbón».

Tanto es así, según ha recordado el diputado socialista, que «toda la Corporación municipal está reivindicando el proyecto, incluso han acampado ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno, con la alcaldesa a la cabeza, tras no recibir respuesta alguna por parte del Ministerio».

Además, tal y como refleja igualmente la PNL, «la comarca del Guadiato también puso de manifiesto su apoyo con una reciente marcha a pie desde sus respectivos pueblos a la capital» cordobesa. Sin embargo, «en esta pasada Navidad se han cumplido los 50 días de asentamiento y llama la atención la insensibilidad del Gobierno y de sus representantes en la provincia, respecto a esta justa reivindicación y al sacrificio personal que está suponiendo para estas familias» y, en opinión de los socialistas, «la solución no puede ser hacer oídos sordos a la reivindicación de un pueblo y de su comarca», siendo esa la razón por la que el PSOE ha presentado la PNL

PSOE cifra en «200 euros mensuales» el coste de la Sanidad en 2013 para los cordobeses «por los copagos»
CÓRDOBA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) –

El PSOE de Córdoba ha cifrado este domingo en «200 euros mensuales» el coste que tendrá este próximo año 2013 la Sanidad para los cordobeses como consecuencia de los copagos decretados en esta materia por el Gobierno central, ya que, según esta formación, en dicha fecha «estarán todos en vigor».

En concreto, el diputado socialista en el Congreso Antonio Hurtado ha indicado en una nota que dichos copagos «afectan a los 417 fármacos de uso común que se han quedado sin financiación; se traducen, también, en el copago del diez por ciento de los fármacos hasta ocho o 18 euros al mes; y alcanzan, además, al material ortoprotésico, los medicamentos que se entregan en los hospitales y el transporte sanitario no urgente».

Por ello, ha señalado que el coste de la Sanidad podría incluso superar la referida cifra de 200 euros mensuales en el caso de aquellas personas que necesiten productos ortoprotésicos especiales.

Además, Hurtado ha aseverado que el copago aprobado para el transporte sanitario no urgente «podrá suponer el próximo año el pago de un millón de euros en la provincia de Córdoba», y puede provocar que haya pacientes como enfermos renales que acudan a diálisis cada tres días que «tengan que pagar hasta 720 euros cada seis meses sólo por las ambulancias que necesiten para acudir al hospital a someterse a dicho tratamiento».

De esos 720 euros, el diputado socialista reconoce que el paciente podrá solicitar «posteriormente» la devolución de 710, algo que, no obstante, para él no constituye un alivio, ya que «antes han tenido que adelantar» esa cifra, y la Administración devolverá el pago «a los seis meses o cuando pueda».

Para el diputado socialista, con estas medidas, cuyo «único efecto» será «un grave perjuicio a las personas y un deterioro del nivel sanitario español», el Gobierno del PP «no sólo está generando dolor, sino también injusticia», ya que «incrementa las desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios» a la vez que, «de forma paradójica, presta dinero a los bancos».

Por todo ello, Hurtado ha querido dejar claro el «compromiso» del PSOE de «impedir por ley la privatización de la sanidad pública» en cuando se produzca un cambio de gobierno, algo que, en su opinión, ocurrirá «antes de lo que algunos piensan».

La aprobación del Real Decreto para paralizar los desahucios no incorpora una moratoria hipotecaria real. Lo que en verdad establece es la suspensión de los lanzamientos, última fase en el proceso de ejecución hipotecaria, durante dos años, a colectivos vulnerables y para viviendas adjudicadas al propio Banco.
La diferencia es sustancial. La moratoria solicitada por los afectados, implicaría la dispensa de abonar las cuotas hipotecarias durante un período de tiempo, dos años en este caso. Con ella, se produciría un aplazamiento o diferimiento del pago de la deuda y los bancos no podrían iniciar procedimientos de ejecución y los que estuvieran en marcha se paralizarían transitoriamente en la fase que se encontraran.
La aprobación de la moratoria real tenía que haberse establecido, con rango legal, con carácter obligatorio para las Entidades Financieras, y con extensión universal a todos los deudores de buena fe, que por insolvencia sobrevenida, no pueden hacer frente a la deuda hipotecaria que tiene como garantía su única vivienda.
En realidad, los bancos no tienen tanto interés en recuperar la vivienda, como en defender sus derechos, ya que la vivienda en la situación actual no pueden venderla. Saben que con los lanzamientos no resuelven su problema de solvencia y que deterioran su imagen al provocar un auténtico drama social con los desahucios. Por ello, no es la recuperación de la vivienda su principal objetivo, sino la defensa de sus derechos sobre las garantías de los préstamos.
En la moratoria real que se debiese haber aprobado, para garantizar el valor de la vivienda hipotecada que es la garantía del préstamo, el deudor debe comprometerse al cuidado de la vivienda y a correr con los gastos esenciales de comunidad, impuestos, seguros y demás servicios de uso o consumo común. De esta manera, el Banco no vería mermado el valor de su garantía, aunque no pudiera temporalmente realizarla.
La moratoria hipotecaria sería un paréntesis o una oportunidad para que el deudor de buena fe pudiera salir de la situación de insolvencia en que se encuentra. La moratoria debe llevar consigo el no devengo de más intereses de demora y debiese ser utilizado por las dos partes para renegociar la propia operación y para reestructurar la deuda. Es el momento idóneo para plantear las distintas alternativas que pueden llegar a normalizar la relación entre deudor y acreedor, compartiendo el gravamen y corrigiendo los efectos de las cláusulas abusivas. En este momento, es cuando hay que plantear las quitas sobre la deuda, la dación en pago, la posibilidad del alquiler social y la modificación de otras cláusulas contractuales de la operación de préstamo.
La suspensión aprobada por el Gobierno es claramente insuficiente. En primer lugar, no supone una paralización del procedimiento de ejecución, salvo en su última fase de lanzamiento. Durante este período de suspensión se seguirán devengando intereses de demora y se continúa avanzando en el procedimiento. En segundo lugar, sólo se podrá aplicar en los casos de viviendas adjudicadas en la subasta, al propio Banco y no a terceros. Y por último, su aplicación queda reducida a casos específicos, excluyéndose de la misma a la gran mayoría de deudores de buena fe que por causas sobrevenidas han caído en la insolvencia, incluidos los jubilados.
El Gobierno ha tratado de quitar envergadura al tema de los desahucios, cuestionando las cifras publicadas y cifrando entre 4.000 y 15.000 los desalojos de vivienda habitual en lo que va de crisis. Por el contrario, ésta debe ser una razón de más para que se aborde el problema con determinación y para que se concluya que su resolución no tiene por qué afectar a la solvencia de las Entidades Financieras.
La moratoria real sería temporal y una medida paliativa hasta que se apruebe una Ley contra el Desahucio, la Insolvencia y el Sobreendeudamiento Familiar, proyecto ya presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, y que debiese significar un sustancial cambio normativo para dar solución definitiva al problema, para un reparto más justo de obligaciones entre cliente y Banco, y para evitar que pueda volverse a producir un drama humano tan inadmisible como el que está sufriendo la sociedad española.

Hurtado afirma que reúne la peor demostración del ejercicio del poder: trato de favor a los bancos, falta de respeto a los principios constitucionales y a las CCAA 

• El portavoz socialista le ha dicho a Montoro que “ninguna norma prevé lo que usted ha hecho, crear artificialmente un tributo, a tipo cero, para quitar capacidad financiera a las Comunidades Autónomas”

Madrid, 12 de diciembre de 2012.- Antonio Hurtado, portavoz adjunto de Economía del Grupo Socialista, ha afirmado esta mañana, en el Congreso de los Diputados, que la implantación de un impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito, a tipo cero, “reúne la peor demostración del ejercicio del poder: trato de favor a los bancos, falta de respeto a los principios constitucionales y a las Comunidades Autónomas”.

El diputado socialista ha interpelado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acerca de la creación del este impuesto. El Gobierno lo instaura mediante una enmienda, en el Senado, al proyecto de ley de medidas tributarias.

Hurtado se ha referido a la sentencia del Tribunal Constitucional a un recurso, presentado en 2002, siendo él ministro de Hacienda, contra la Ley del Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito, del Parlamento de Extremadura. “El Tribunal tira por completo el recurso y el ministro de Hacienda habría podido tomar distintas decisiones. Ayuda para las Comunidades Autónomas para conseguir los objetivos de estabilidad y fomentando su establecimiento en el resto o instaurar un nuevo impuesto general con carácter recaudatorio. Pero no, ha tomado la peor, como es la que supone un fraude de ley, falta de respeto a la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas y un trato de favor y de privilegio a los bancos”.

Según el portavoz socialista se demuestra, además de un deleznable desprecio a la Constitución y al Tribunal Constitucional, que es un fraude de ley al crear un impuesto artificial. “Anula el impuesto sobre las entidades financieras para que no genere recaudación y lo bloquea en las Comunidades Autónomas que lo aplicaban e impide que otras Comunidades Autónomas implanten este tributo”.

Ha indicado que se trata de una deslealtad institucional, “por la forma, sin consultar y sin proponerlo, en un Consejo de Política Fiscal y Financiera” y ha añadido que “ninguna norma prevé lo que usted ha hecho, crear artificialmente un tributo, a tipo cero, para quitar capacidad financiera a las Comunidades Autónomas”.

Hurtado ha se ha referido, también, a algunos argumentos para presentar un recurso de inconstitucionalidad, por parte de las Comunidades Autónomas. “La vulneración a la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas y los principios de autonomía y suficiencia financiera de las Comunidades”.

“El señor Montoro, que utiliza la argucia de mal perdedor, da un trato de favor a los bancos”, ha dicho, y le ha preguntado “por qué pone objetivos de déficit y todos los inconvenientes para conseguirlos. Quitan recursos para sanidad, educación y servicios sociales”.

EL PSOE REGISTRA UN PROYECTO DE LEY PARA “FRENAR LOS DESAHUCIOS” COMO ALTERNATIVA AL DECRETO DEL PP HECHO “AL DICTADO DE LA BANCA”

EL DIPUTADO SOCIALISTA ANTONIO HURTADO SUBRAYA QUE EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2012 HA HABIDO 446 LANZAMIENTOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

            El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso un proyecto de ley para “frenar” los desahucios que plantea -junto con otras medidas- la modificación de una Ley Hipotecaria “obsoleta e injusta”, como alternativa al Real Decreto que el Gobierno del PP ha aprobado “al dictado de la banca” y que resultará “totalmente infructuoso”, según ha destacado este lunes el diputado del PSOE en la Cámara Baja Antonio Hurtado.

  En rueda de prensa, Hurtado, que subraya la urgencia con la que miles de familias afectadas por los desahucios necesitan herramientas que permitan “luchar” contra este problema de “enorme dramatismo social”, ha puesto en evidencia que el nuevo decreto del Gobierno de Rajoy “tampoco aborda con rigor” dicha problemática y “va a significar una nueva medida paliativa sin ningún tipo de repercusión social”.

            Así, para resaltar el carácter “totalmente infructuoso” de la política seguida por el PP al respecto, ha recordado que durante el primer semestre de 2012 ha habido 446 lanzamientos en la provincia de Córdoba y ha citado datos del primer balance del código buenas prácticas para la ejecución de préstamos hipotecarios como que “el 81 por ciento de las solicitudes han sido rechazadas” (226 de un total de 278) y el hecho de que “solamente se hayan gestionado ocho daciones en pago y cero quitas”.

            También ha insistido en que este nuevo Real Decreto, cuyo contenido no llegó a ser pactado tras romperse las negociaciones entre el PP y PSOE, tampoco resolverá el problema. En esa línea ha manifestado que dichas negociaciones resultaron “infructuosas” porque han debido de haber “presiones externas” que han marcado la redacción del mismo. “Yo diría que ha sido un real decreto dictado por la banca y que el gobierno no ha hecho nada más que transcribir y ponerlo en un papel”, ha asegurado el diputado socialista.

            Para Antonio Hurtado, “es evidente que el PP y el Gobierno han abandonado a las familias que se encuentran en situación de insolvencia y que están siendo objeto de lanzamientos y desahucios”, ya que “el primer real decreto ha resultado infructuoso”, por ser “mero maquillaje” y el segundo va a serlo también “totalmente”.

            Además, según alerta, también existe “un llamamiento del PP a sus propios alcaldes para que no colaboren con las familias desahuciadas en la solución y la resolución del problema”. Es, a juicio del diputado socialista, “un papel ni acertado ni aceptable que haya una negativa de alcaldes del PP a estas medidas que desde el PSOE estamos defendiendo”.

            Por otro lado, tras conocer que miembros de la Plataforma Stop Desahucios habían sido multados desde la Subdelegación del Gobierno por su participación en una movilización, ha rechazado que “se apliquen procedimientos administrativos disuasorios para evitar la presión social contra los bancos cuando es lo único que está surtiendo efecto ante el drama que en la sociedad española estamos viviendo”.

            Sobre la falta de acuerdo del PSOE para el nuevo Real Decreto sobre desahucios, ha señalado que se ha perdido la oportunidad de un gran pacto de Estado para abordar la importante reforma que necesita nuestro país de la Ley Hipotecaria, la Ley Concursal y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se trata de normativas “obsoletas y desequilibradas que dan un trato muy de favor a las entidades la financieras y muy desfavorecido a la ciudadanía”.

            El Real Decreto del Gobierno tiene el rechazo de los socialistas, según ha explicado, porque “no es una moratoria real” del proceso de ejecución hipotecaria, sino una suspensión durante dos años de la última fase que es lanzamiento, por lo que durante ese tiempo “se van a seguir devengando intereses de demora”, “van aumentar las familias afectadas” y la deuda de éstas continuará creciendo “de forma exponencial.”

            Tampoco se aplica de forma universal de forma universal a los deudores de buena fe, de modo que “va a ser muy reducido en el número de familias a las que se le pueda aplicar esta suspensión”, y “solamente afecta a viviendas adjudicadas a la banca no a terceros”, como ha agregado.

            Por el contrario, la propuesta legislativa del PSOE recoge “una moratoria real, que suspendan todos los procedimientos estén en la fase que estén”; que la misma “se aplique de forma universal a los deudores de buena fe”, tanto si la vivienda ha sido adjudicada a un banco o una tercera persona; y que “no se devengue más deuda”.

            Sobre la eliminación de cláusulas abusivas en los intereses de demora, el proyecto de ley del PSOE plantea que el máximo de pago sea “no más de dos puntos sumados al interés remuneratorio”, de manera que se quedaría en alrededor de “un 5 por ciento, casi una cuarta parte del 20 por ciento” en que está en la actualidad en nuestro país el tipo medio de interés de demora, extremo que los convierte, según Hurtado, en “propios de usura”.

            Además, los socialistas abogan por que sea “una sola tasación”, tanto para la concesión como la ejecución de la garantía hipotecaria, y se favorezca la independencia de las entidades tasadoras, y proponen un sistema de reestructuración de la deuda para las personas que están en situación de insolvencia siempre que supere la cuota el 50 por ciento de la renta familiar.

            Respecto a la dación en pago, Hurtado se ha referido a ella como “una solución de último recurso porque significa tener que desprenderse de la vivienda”, si bien mejora la situación de quienes no pueden hacer frente a la hipoteca, ya que la entrega de la misma cancelaría la deuda contraída con el banco.

            El PSOE aboga asimismo por un parque público de viviendas para dar acogida a familias desahuciadas así como por la posibilidad de gestionar un alquiler social a un precio módico y asumible. Y como medida novedosa los socialistas plantean “un sistema intermediación notarial en el que las entidades financieras se vean obligadas a suscribir un convenio con el deudor para ver la posibilidad de resolver la insolvencia sobrevenida”, algo que ya existe en Francia como ley de segunda oportunidad.

            Por último, ha destacado que “a los ayuntamientos les hemos solicitado que colaboren con las comunidades autónomas y con políticas contra los desahucios como las que está llevando a cabo la Junta de Andalucía. “Deben y pueden” -agrega-, tanto a través de la fiscalidad, reduciendo el impuesto de plusvalía como con la negativa a colaborar de las Policías Locales en lanzamientos; también mediante la presión que puedan ejercer como clientes con cuentas abiertas por los consistorios en las entidades entidades bancarias; y con la puesta a disposición de los desahuciados de su parque viviendas sociales.