Posteado por: cordobapsoe | diciembre 13, 2012

NO HAY MORATORIA REAL

La aprobación del Real Decreto para paralizar los desahucios no incorpora una moratoria hipotecaria real. Lo que en verdad establece es la suspensión de los lanzamientos, última fase en el proceso de ejecución hipotecaria, durante dos años, a colectivos vulnerables y para viviendas adjudicadas al propio Banco.
La diferencia es sustancial. La moratoria solicitada por los afectados, implicaría la dispensa de abonar las cuotas hipotecarias durante un período de tiempo, dos años en este caso. Con ella, se produciría un aplazamiento o diferimiento del pago de la deuda y los bancos no podrían iniciar procedimientos de ejecución y los que estuvieran en marcha se paralizarían transitoriamente en la fase que se encontraran.
La aprobación de la moratoria real tenía que haberse establecido, con rango legal, con carácter obligatorio para las Entidades Financieras, y con extensión universal a todos los deudores de buena fe, que por insolvencia sobrevenida, no pueden hacer frente a la deuda hipotecaria que tiene como garantía su única vivienda.
En realidad, los bancos no tienen tanto interés en recuperar la vivienda, como en defender sus derechos, ya que la vivienda en la situación actual no pueden venderla. Saben que con los lanzamientos no resuelven su problema de solvencia y que deterioran su imagen al provocar un auténtico drama social con los desahucios. Por ello, no es la recuperación de la vivienda su principal objetivo, sino la defensa de sus derechos sobre las garantías de los préstamos.
En la moratoria real que se debiese haber aprobado, para garantizar el valor de la vivienda hipotecada que es la garantía del préstamo, el deudor debe comprometerse al cuidado de la vivienda y a correr con los gastos esenciales de comunidad, impuestos, seguros y demás servicios de uso o consumo común. De esta manera, el Banco no vería mermado el valor de su garantía, aunque no pudiera temporalmente realizarla.
La moratoria hipotecaria sería un paréntesis o una oportunidad para que el deudor de buena fe pudiera salir de la situación de insolvencia en que se encuentra. La moratoria debe llevar consigo el no devengo de más intereses de demora y debiese ser utilizado por las dos partes para renegociar la propia operación y para reestructurar la deuda. Es el momento idóneo para plantear las distintas alternativas que pueden llegar a normalizar la relación entre deudor y acreedor, compartiendo el gravamen y corrigiendo los efectos de las cláusulas abusivas. En este momento, es cuando hay que plantear las quitas sobre la deuda, la dación en pago, la posibilidad del alquiler social y la modificación de otras cláusulas contractuales de la operación de préstamo.
La suspensión aprobada por el Gobierno es claramente insuficiente. En primer lugar, no supone una paralización del procedimiento de ejecución, salvo en su última fase de lanzamiento. Durante este período de suspensión se seguirán devengando intereses de demora y se continúa avanzando en el procedimiento. En segundo lugar, sólo se podrá aplicar en los casos de viviendas adjudicadas en la subasta, al propio Banco y no a terceros. Y por último, su aplicación queda reducida a casos específicos, excluyéndose de la misma a la gran mayoría de deudores de buena fe que por causas sobrevenidas han caído en la insolvencia, incluidos los jubilados.
El Gobierno ha tratado de quitar envergadura al tema de los desahucios, cuestionando las cifras publicadas y cifrando entre 4.000 y 15.000 los desalojos de vivienda habitual en lo que va de crisis. Por el contrario, ésta debe ser una razón de más para que se aborde el problema con determinación y para que se concluya que su resolución no tiene por qué afectar a la solvencia de las Entidades Financieras.
La moratoria real sería temporal y una medida paliativa hasta que se apruebe una Ley contra el Desahucio, la Insolvencia y el Sobreendeudamiento Familiar, proyecto ya presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, y que debiese significar un sustancial cambio normativo para dar solución definitiva al problema, para un reparto más justo de obligaciones entre cliente y Banco, y para evitar que pueda volverse a producir un drama humano tan inadmisible como el que está sufriendo la sociedad española.

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