La situación económica y laboral ha cambiado radicalmente desde el último semestre del pasado año: recesión, destrucción de empleo y déficit público. El goteo de despidos y expedientes de regulación de empleo están obligando a las centrales sindicales a aplicar nuevas estrategias para estos tiempos adversos. Recientemente los sindicatos han comenzado a movilizarse, dando respuesta y encauzando el malestar creciente de los trabajadores ante la crisis económica y la escalada del paro que se está produciendo. También han abandonado la Negociación Colectiva con la patronal, por considerar inasumibles las condiciones propuestas por los empresarios.

Con independencia de las decisiones que puedan adoptar, quiero destacar en este artículo el papel responsable y ejemplar que están teniendo las centrales sindicales. Es merecedora de elogio su contribución al diálogo social, aportando iniciativas que han sido tenidas en cuenta por el Gobierno en las medidas que ha puesto en marcha. También hay que valorar el esfuerzo que las dos grandes centrales sindicales están haciendo por mantener la unidad de acción.

Los sindicatos dedican sus máximas energías en mantener el empleo, la capacidad adquisitiva de los trabajadores y en defender la difícil situación de los desempleados.

Su principal tarea está siendo asegurar la protección de los trabajadores y apostar por la vía del diálogo para ello. Defienden la ampliación de la protección por desempleo, tratando de aumentar los colectivos a proteger por el subsidio, especialmente entre los jóvenes, inmigrantes, parados de larga duración y mayores de 45 años. Es decir, trabajan para ampliar y garantizar las prestaciones durante el período de ajuste económico que estamos viviendo.

También presionan para un cambio en el trato fiscal de las indemnizaciones por despido y en las prestaciones, con el objetivo final de desfiscalizarlas.

Están vigilantes para evitar que las empresas aprovechen este momento para despedir a trabajadores. Los sindicatos se esfuerzan en salvar la situación, y suelen presentar alternativas a los ajustes de empleo que propone la patronal, a través de la reorganización de la producción. También negocian las indemnizaciones por los despidos para que sean las más ventajosas al trabajador. En definitiva, desempeñan un papel activo en la defensa del empleo y la protección a los desempleados.
Los sindicatos mantienen el criterio de la moderación salarial en la negociación de los convenios colectivos, no admitiendo las regulaciones laborales individualizadas. Y exigen su participación en el diseño del nuevo modelo económico que saldrá de la crisis. No están dispuestos a que las reformas que se lleven a cabo se hagan sin el trabajador y contra el trabajador.

Considero oportuno que la Confederación Europea de Sindicatos convoque una conferencia o encuentro, para aportar un conjunto de medidas y estrategias comunes a aplicar en todo el ámbito de la Unión Europea, al igual que han habido acuerdos entre los Gobiernos, sobre la ayuda al sistema financiero, la aceptación del déficit público y el impulso del esfuerzo inversor desde las Administraciones Públicas.

Hay quien acusa a las centrales sindicales de silencio y connivencia con el Gobierno y con los empresarios, por no ir a la huelga general. Se quiere obviar de esa forma el papel activo y responsable que vienen desarrollando. Entiendo que la huelga general se toma contra medidas, como las que adoptó Aznar cuando gobernó, el denominado decretazo y las congelaciones salariales. La huelga general es una medida defensiva ante la agresión que pueda ejercer el Gobierno mediante leyes o decretos que repercutan negativamente a los derechos de los trabajadores, situación bien distinta a la que se produce con este Gobierno Socialista donde prevalece el entendimiento con empresarios y sindicatos. Nuestros sindicatos están arrimando el hombro para combatir la crisis, trabajan activamente en las soluciones, defienden los derechos de los trabajadores y alzan su voz ante las circunstancias tan adversas que sufren las personas desempleadas.

LOS BANCOS Y LA CRISIS

Nuestro Sistema Financiero ha demostrado solidez en tiempos de tempestades. Mientras caen Bancos en las economías más desarrolladas, como Estados Unidos, Reino Unido o Francia, los Bancos españoles están absorbiendo a otros Bancos extranjeros, se están capitalizando y dan garantías de solvencia. La supervisión y el control del Banco de España sobre nuestro sistema financiero se han convertido en referente de lo que deben hacer otros países. Considero que nuestra moneda, el euro, y la solvencia de nuestro sistema financiero, están ayudando a contener parte de las consecuencias de la recesión y la desconfianza que hoy impera a nivel internacional.

Pero esa realidad contrasta con otra que también vivimos. Nuestras empresas y las familias tienen muchas dificultades en la obtención de créditos. La morosidad de los Bancos se ha triplicado y la de las Cajas se ha multiplicado por cuatro en un año. La bajada de los tipos de interés por parte del BCE, no se está trasladando de forma inmediata al Euribor, que es el que se aplica en la gran mayoría de los préstamos de interés variable.

Para muchos se hace difícil de entender el comportamiento que están teniendo los Bancos en la crisis que vivimos, mientras siguen anunciando altos beneficios económicos, que en algunos casos son beneficios contables más que reales. Hay bancos que no aceptan la negociación de letras de cambio porque los impagos se han duplicado en un año.

El Gobierno Español ha impulsado un plan de ayuda al sistema financiero, que consta de tres medidas importantes: el aumento de las garantías de depósitos hasta los 100.000 euros, la compra de activos bancarios sanos hasta los 50.000 millones de euros, y la concesión de avales a los Bancos hasta los 100.000 millones de euros. Este plan ha sido aprobado recientemente por la Comisión Europea, señalando que no tiene carácter discriminatorio y que está en coherencia con las medidas de otros países europeos. A través de este plan, los Bancos están obteniendo importantes fondos del Estado, nunca de forma gratuita, sino que tienen que pagar el correspondiente interés de mercado.

Los Bancos justifican la menor concesión de créditos, alegando que ha bajado mucho su demanda, por la caída del consumo y la inversión, pero el principal cambio que se ha producido con la crisis financiera internacional es que ha aumentado mucho el riesgo. Por ello, si el objetivo de la Banca, hace unos años, era obtener beneficio con la concesión de más préstamos, ahora se ha fijado como principal objetivo el reducir el riesgo, ante la pérdida de confianza que se ha producido.

Por otra parte, las crisis financieras conducen a procesos de concentración y ajustes. Si en los años 80 se redujo en más de cuarenta el número de Cajas de Ahorro, hasta llegar a las 45 que actualmente existen, en la actual crisis también se iniciará una nueva concentración de entidades financieras. Cuando se reducen los ingresos lo normal es adoptar medidas que les permita reducir costes, mediante economías de escala.

La Banca ha de ajustarse a las nuevas circunstancias y hay que exigirles un comportamiento más comprometido con la situación económica en general y con su participación activa en la salida de la crisis. Y sobre todo, los fondos públicos, para que cumplan con sus objetivos, no pueden ser utilizados más que para conceder créditos a las empresas y familias.

Las empresas cordobesas van a poder contratar obras, en los próximos meses, por cerca de 170 millones de euros, gracias a los fondos de inversión municipal destinados a nuestra provincia por la Administración Central y por la Junta de Andalucía. Una oportunidad única que debe significar un importante revulsivo para dinamizar la actividad en el sector de la construcción.

No obstante, en una crisis económica como la que vivimos, todas nuestras empresas van a tener que llevar a cabo ajustes y cambios significativos para superar las dificultades que atraviesan.

La respuesta de las familias a la crisis ha sido la reducción del consumo con la consiguiente pérdida de ventas en todos los sectores económicos, automoción, comercio, turismo y especialmente en la construcción. Este frenazo en la actividad ha llevado a las empresas a rescindir el contrato de muchos trabajadores. Nuestras empresas en estos momentos pueden optar por esta decisión, pero no sólo es la más perjudicial para la economía, porque es la que genera más paro, sino porque además al reducir el empleo se reduce aún más la demanda interna, con lo que se agudizan los efectos de la crisis.

Ahora más que nunca, las empresas deben de hacer un esfuerzo por mantener el empleo y por competir en otros mercados para compensar la pérdida de demanda en las familias. Como estrategia más inteligente y útil para todos, sería impulsar las iniciativas comerciales en el exterior, y abrirse a nuevos mercados. Son quinientos millones, los ciudadanos europeos que son clientes en potencia de nuestros productos y servicios, y disponemos de instrumentos y facilidades para captarlos.

Nuestras empresas deben hacer un importante esfuerzo por mejorar en competitividad. Para ello, la reducción de los márgenes de beneficio, el ahorro de energía, y la apuesta por la innovación, deben ser sus líneas básicas de actuación en estos momentos.

También el Gobierno de España ha adoptado medidas importantes para apoyar a nuestras empresas en estas circunstancias. La inyección de hasta 50.000 millones de euros en compra de activos financieros, los 100.000 millones de euros en avales para aportar liquidez a nuestro Sistema Financiero, la rebaja de los tipos de interés por el Banco Central Europeo, y el mantenimiento del esfuerzo inversor en infraestructuras del Estado, son medidas que van a ayudar a las empresas españolas en el mantenimiento de su actividad. Las medidas fiscales que se han puesto en marcha para aliviar a las empresas también han sido importantes, como la devolución mensual del IVA, la reducción del Impuesto de Sociedades y el cálculo de sus pagos fraccionados, o la ampliación del concepto de rehabilitación de viviendas a efectos del IVA e IRPF. Las medidas de apoyo al sector de la construcción son significativas, a través de nuevas ayudas del Instituto de Crédito Oficial, la creación de sociedades cotizadas de inversión o la ampliación del plazo de amortización de los préstamos hipotecarios de las empresas. Y una importante reivindicación del mundo empresarial, la agilización de los trámites administrativos, va a ser objeto de una importante reforma para reducir el coste a nuestras empresas y mejorar su competitividad.

Confiamos en que todas estas medidas y ajustes preparen a nuestras empresas para una nueva etapa de crecimiento y hacia un nuevo modelo productivo más basado en la innovación y en la demanda externa.

   Lamentamos que haya salido adelante el veto que presentó Ezquerra Republicana de Cataluña al Proyecto de Presupuestos del Estado para 2.009. Este veto ha salido adelante con el apoyo del PP y de CIU. El veto significa una renuncia, por parte de quienes lo presentan y apoyan, a un debate en profundidad de los Presupuestos Generales del Estado para el 2.009. Significa devolver el Proyecto de Presupuestos al Congreso de los Diputados sin haber debatido en profundidad las medidas políticas que incorpora y sin poder debatir las enmiendas presentadas que pudieran haber enriquecido el propio proyecto presentado.

El rechazo de los presupuestos va en contra de los intereses de los ciudadanos españoles, que piden motivos para recuperar confianza y que desde las instituciones públicas se den claras muestras de seguridad y estabilidad en un momento tan incierto como el actual.

También va en contra del papel que debe jugar el Senado, que debiese ser un papel más activo en la definición del marco normativo y presupuestario. Es la tercera vez que sale adelante un veto a los presupuestos desde el Senado, la última fue en el pasado año, y es el peor papel que esta Institución puede jugar en nuestro sistema político. Rechazar sin proponer alternativas y peor aún sin poderlas debatir.

También va en contra de los territorios. Las Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios a través de sus representantes en el Senado tienen un papel importante que desarrollar en garantizar el equilibrio territorial a la hora de distribuir el gasto  público. El Senado como Cámara de representación  territorial debe propiciar este tipo de debates y es en el presupuesto donde debe de reflejarse el equilibrio territorial en la distribución del gasto público, atendiendo siempre a los principios de equidad y solidaridad.

Las razones de los distintos partidos que han apoyado el veto son contrarias unas de otras, lo que pone de manifiesto que lo único que les une es el objetivo prioritario de desgastar al gobierno, sin aprovechar el momento para presentar alternativas al proyecto presentado. Persiste una enorme incoherencia entre los grupos que han apoyado el veto para conseguir una derrota al gobierno que es una derrota a la sociedad.

 

En una situación de crisis la ciudadanía pide unidad de acción y soluciones. El PP ha renunciado a desarrollar un papel responsable y ha optado por el desgaste al gobierno y por unirse a todo aquel que pueda sumar puntos en contra del PSOE. Piden que el gobierno actúe con contundencia frente a la crisis y pone todos los obstáculos para que el gobierno saque adelante una herramienta, como es el Presupuesto, que posibilite que las medidas anticrisis aprobadas puedan contar con recursos económicos para su puesta en ejecución.

 

 El Senado daba la peor imagen que pudiera dar con un veto como el que ha salido adelante. No suma, muy al contrario resta utilidad y eficacia democrática.

MANIFIESTO CON MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Sociedad contra la Violencia de Género

La Ley Integral contra la Violencia de Género va a cumplir próximamente cuatro años de vigencia. El compromiso adquirido por el Gobierno socialista con la ciudadanía, las instituciones, los distintos equipos profesionales y, en especial, con las víctimas de esta violencia, sigue vigente y más fuerte que nunca.

El desarrollo de la Ley se ha cumplido en una gran parte: Se ha dotado y se seguirá dotando financieramente, el número de denuncias ha crecido espectacularmente, las infraestructuras que contempla la Ley han sido puestas en marcha en su mayoría, el Plan de Sensibilización 2007-2008 concluye esta primera fase en el próximo mes de Diciembre y su grado de cumplimiento, así como el impulso a la consecución de sus objetivos estratégicos, han supuesto un enorme avance.
Pero el éxito de Leyes como ésta exigen, además, un apoyo y voluntad social completos y sin fisuras: Las normas han de emanar de la sociedad, impregnar a quienes van dirigidas y ahondar y enraizar en su memoria colectiva. Son los derechos básicos de ciudadanía y por ella deben ser defendidos.

Por ello este año debemos, además y complementariamente, rendir nuestro más profundo homenaje a aquellos ciudadanos y ciudadanas que han antepuesto incluso su integridad física a la ayuda solidaria a las mujeres víctimas de violencia de género.

A aquellos ciudadanos y ciudadanas que luchan y seguirán luchando por devolver la dignidad a las mujeres que, por el mero hecho de serlo, sufren la mentalidad posesiva machista y a veces les cuesta la vida.

A aquellos ciudadanos y ciudadanas que, sintiendo la terrible injusticia que para las víctimas supone la violencia de género, intentan cambiar las mentalidades opresoras y represivas de los maltratadores y a ello dedican su esfuerzo y trabajo con total honestidad y dedicación.

A aquellos ciudadanos y ciudadanas que, tanto desde los estamentos sociales en contacto con esta lacra como aquellos otros y otras desde su vivencia cotidiana, hacen recuperar a las víctimas de violencia de género la libertad que les es negada y a la que todos los seres humanos tenemos derecho.

Unos tienen nombres y apellidos: Daniel Oliver, una joven vida que se truncó por defender a una mujer que estaba siendo maltratada en Valencia y que murió en diciembre de 2007, y Jesús Neira, que ha sufrido y está sufriendo un largo proceso de recuperación tras una brutal agresión inflingida por defender a una mujer agredida en Madrid.

De otras y otros no conocemos sus nombres pero sabemos que están entre nosotros, luchando denodadamente para devolver la libertad, la dignidad y la justicia a las mujeres víctimas de violencia de género: Ellos y ellas han de ser los referentes, las personas que orienten nuestras voluntades, para erradicar, entre todas y todos, que en nuestra sociedad exista tanto dolor, tanto temor y tanto sufrimiento, recuperando definitivamente nuestra calidad de ciudadanía digna y libre, en igualdad plena.

Quiero centrarme en el comportamiento de las familias en una situación de crisis como la actual. Las circunstancias, no cabe duda, son distintas de unas a otras, pero todas van a tener que llevar a cabo ajustes importantes que les ayude a superar las dificultades.

El desempleo es la peor de las amenazas para las familias. Si algunos de sus miembros, por desgracia, se incorporan al paro, la pérdida de salarios les va a requerir renunciar a gran parte del consumo, y en muchos casos tendrán enormes dificultades para poder pagar las hipotecas o créditos que en su día obtuvieron. La protección y la asistencia social van a ser fundamentales para que estas familias puedan tener garantizada una renta mínima para subsistir y puedan superar las dificultades que la crisis les trae. El Servicio Andaluz de Empleo tiene una importante labor en estos casos, para dar cobertura a los desempleados, prestaciones, subsidios, ayudas, formación e intermediación para que puedan obtener trabajo. Es necesario hacer un esfuerzo para mejorar en capacitación profesional y versatilidad, para adaptarse a las exigencias del mercado de trabajo y salir cuanto antes de la situación de paro.

La inflación también ha contribuido al empobrecimiento de nuestras familias. La subida de los precios de los combustibles y de los alimentos nos ha hecho perder capacidad adquisitiva. Este aumento de la inflación, a su vez, ha provocado subidas de tipos de interés que han sido aplicados en los préstamos hipotecarios, aumentando sustancialmente las cuotas a pagar por las familias a los bancos.

 

Todas las familias se están adaptando a los cambios. Han reducido el consumo, comprando productos más económicos y prescindiendo de otros no indispensables. Está aumentando el nivel de ahorro de las familias que no han perdido rentas o trabajo. Y todo ello, se está reflejando en una reducción de la demanda interna. Las familias también se están endeudando mucho menos, debido a la falta de liquidez del sistema financiero y a las dificultades para acceder a los créditos. 

Confiamos en que las medidas adoptadas mejoren las circunstancias de las familias, en un momento económico tan difícil como el actual. El Banco Central Europeo ha rebajado en medio punto los tipos de interés y el Gobierno de España va a aportar liquidez a nuestro sistema financiero, para que tanto las familias como nuestras empresas puedan acceder a créditos. Nuestro Gobierno también consiguió un acuerdo con las Entidades Financieras, para que sea gratuita la ampliación de los plazos de amortización de los préstamos hipotecarios y poder reducir las cuotas a pagar. Se ha implantado una importante rebaja de los impuestos, como son los 400 euros en IRPF, la eliminación del Impuesto sobre Patrimonio, o la reducción en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. También, la subida de pensiones y del salario mínimo, la renta de emancipación, las ayudas por nacimiento y los incentivos al ahorro energético, contribuirán a cubrir los gastos familiares y a aliviar las dificultades por las que atraviesan las familias.

Debemos confiar en que todas estas medidas y ajustes preparan a las familias para una nueva etapa de crecimiento, que nos hará recuperar el empleo, la renta disponible y la capacidad adquisitiva, para posibilitar un consumo sostenible y cubrir las necesidades de inversión.

La subida del precio del gasoil que utiliza la flota pesquera está originando graves problemas al sector de la pesca en Europa. Los armadores españoles llevan años pasando situaciones difíciles, a pesar de que se están beneficiando de importantes ayudas económicas por parte del Gobierno de España.

Las principales ayudas son de tipo fiscal, en concreto por el consumo de gasóil no pagan impuestos especiales ni iva. No tienen carga fiscal alguna los carburantes en este sector, una excepción que no tienen otros sectores. La Unión Europea le aprobó a nuestro país el pago de minimis, o ayudas específicas para los armadores, en la actualidad de 30.000 euros por armador, y que próximamente alcanzará los 100.000 euros armador por trienio. También se están dando préstamos con interés cero a través del ICO, y ayudas específicas a la modernización del sector.

Pero la pesca necesita de nuevas ayudas, dada la dificil situación que atraviesa. Las nuevas ayudas tienen que ser coyunturales, como son : el aumento de minimis, de los créditos a los préstamos de interés cero, la paralización temporal de la flota, entre otras.

También es necesario abordar soluciones estructurales, principalmente para apoyar la investigación e innovación en el sector. Es necesario promover nuevas técnicas de pesca, nuevas artes de pesca y nuevos barcos no tan dependientes de las energías fósiles. La reestructuración del sector debe ser el objetivo principal para dar soluciones definitivas a un sector que las requiere.

Pero esta ambiciosas medidas requieren de fondos adicionales de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Pesca. Para ello, las medidas deben someterse a las normas comunitarias y deben incluirse en la Política Común de Pesca.

La enmienda transaccional que el PSOE hemos propuesto hoy en el Senado, va en ese sentido, sin embargo ha sido el Partido Popular, por razones partidistas, quienes han impedido este consenso de apoyo al sector. 

 

¿Ayudaría a contener la inflación la sustitución de las monedas de uno y dos euros por billetes? Esta cuestión no tiene una respuesta cierta, prueba de ello es que las opiniones de los especialistas son muy diversas. Hay quienes consideran que no tendría repercusión alguna sobre los precios, ni directa ni indirectamente, y quienes lo consideran una medida eficaz contra la inflación.

 

Los defensores del cambio aducen varias razones para destacar la oportunidad de la medida. La principal sería que a las monedas se les da menos valor que a los billetes. Las monedas se consideran “calderilla” y se menosprecia su valor. Con los billetes de euro, la ciudadanía podría valorar mejor los pequeños gastos, en los que se vienen produciendo subidas importantes de los precios, y ayudaría a la contención de este tipo de gastos. El propio Vicepresidente, Pedro Solbes, dijo en su día que se dejaban propinas muy altas porque no comprendimos el valor real de las monedas.

 

El billete de euro permitiría realizar, como ocurre con el dólar, transacciones pequeñas en el mundo que no se pueden realizar en este momento, puesto que no se admite ningún cambio de divisas en moneda. También contribuiría a que los europeos tuviésemos una justa percepción del valor de nuestra divisa.

 

Hay que tener en consideración, que el euro es una moneda de una gran fortaleza que cotiza ya a unos 155 dólares. El billete más pequeño en Estados Unidos, el dólar, equivale a 65 céntimos de euro y el billete más pequeño de Europa, de 5 euros, equivalen a 7 dólares con 70 céntimos.

 

Si los efectos fueran mayoritariamente positivos, su aplicación se hace tarde, puesto que el euro lleva en circulación algo más de 6 años, desde el día 1 de Enero del 2.002. En su día, esta medida fue rechazada por el elevado coste de fabricación, aproximadamente 6 céntimos por billete. Y su aplicación en este momento, también supondría un coste adicional para la sociedad en general y para los sectores económicos en particular, que tendrían que adaptar todos sus sistemas de cobros y pagos, a los nuevos billetes.

 

Son ya cinco, los países de la Zona Euro que han pedido al BCE la emisión de billetes de uno y dos euros, y la sustitución de las monedas de este valor, en concreto Francia, Italia, Bélgica, Austria y Grecia.

 

El Banco Central Europeo, que es el competente para adoptar esta medida, debe aclarar los efectos de la misma, Y en estos momentos de tasas de inflación elevadas en todos los países de la Unión Europea, cualquier medida que pudiese contribuir a la contención de los precios debiera ser aplicada.

 

Los datos económicos ponen de manifiesto que estamos en la parte descendiente de nuestro ciclo económico. Hemos vivido años de bonanza económica, con altas tasas de crecimiento que nos ha permitido converger de forma significativa con Europa en renta y empleo, y en estos momentos la actividad económica se está enfriando. Se empieza a producir menos por lo que se reduce el empleo y la tasa de crecimiento.

 

El principal desencadenante ha sido la crisis financiera internacional exportada desde Estados Unidos, pero a ello se ha unido la subida del precio del petróleo, de algunos productos alimenticios, y una subida de los tipos de interés en la Zona Euro. A estos factores exógenos se ha añadido en nuestro país una menor actividad en el sector de la construcción, que ha sido junto al consumo, los principales motores de nuestra economía en la última década.

 

Es normal que nos preocupen estas circunstancias, principalmente a las personas que tienen el riesgo de perder su empleo, y debemos de actuar con eficacia para superar, con las menores consecuencias, esta parte del ciclo económico. También debemos aprovechar el momento para abordar las reformas y mejoras de nuestro sistema productivo, que nos haga retomar una nueva etapa de crecimiento con más vigor aún.

 

El Gobierno Central ha puesto en marcha recientemente algunas medidas de choque, unas de tipo fiscal para compensar la pérdida de poder adquisitivo de las familias y mejorar la liquidez de las empresas. También se está actuando para mejorar la actividad en el sector de la construcción, agilizando las inversiones en infraestructuras públicas, poniendo en carga suelo para la construcción de vivienda protegida y ayudando al encaje en el mercado de trabajo a las personas que se vean afectadas por esta desaceleración en la construcción. Además se ha convocado a los Agentes Económicos y Sociales para definir más medidas eficaces que puedan aminorar los efectos de la desaceleración. El superávit de las cuentas públicas obtenido en los últimos años, va a ayudar a abordar con más fuerza la etapa de recuperación que debemos de iniciar lo antes posible.

 

 La Junta de Andalucía también está preparando un plan de actuación en ese sentido, garantizando más obra pública, conveniando con Ayuntamientos y Diputaciones la puesta en valor de más suelo para vivienda protegida, y estudiando las medidas fiscales a aplicar que reduzcan la presión fiscal y mejoren la liquidez de familias y empresas.

 

El esfuerzo inversor de los Ayuntamientos en infraestructuras y equipamientos y la mayor actividad de las promotoras públicas de vivienda protegida, adquiere en estos momentos una especial importancia. Y la agilización de los procedimientos administrativos y la concesión de licencias de obras y de actividad para las empresas privadas deben ser prioritarias en estos  momentos. Se debe de actuar así por responsabilidad política, por lo que no comprendo la crítica que se está haciendo desde el Partido Popular a los Presupuestos Municipales del Ayuntamiento de Córdoba.

 

Las consecuencias de esta etapa han de ser compartidas por todos y el esfuerzo para superar la situación actual ha de ser colectivo. Los acuerdos entre las Administraciones, los Sindicatos y los Empresarios deben definir las medidas colectivas a adoptar desde el ámbito público y privado. Las medidas para que surtan el mejor efecto, deben concurrir en una misma dirección, supliendo en muchos casos la actividad pública la menor actividad del sector privado, y evitando que sean los débiles y desfavorecidos  quienes paguen las consecuencias de estas circunstancias.